Costa Rica es el único país del mundo con un modelo solidarista institucionalizado, con más de siete décadas de historia y un impacto directo en el ahorro de los trabajadores, la estabilidad laboral y la paz social. Sin embargo, al analizar los 20 planes de gobierno oficiales presentados para las próximas elecciones, el solidarismo no ocupa un lugar estratégico dentro de la agenda política nacional.
Este análisis responde a una pregunta concreta:
¿Cómo, cuándo y con qué recursos los planes de gobierno pretenden fortalecer —o modificar— el modelo solidarista?
La respuesta, como veremos, es más limitada de lo que el peso real del sector justificaría. El tamaño del sector: el “cuánto” que no se discute
Para dimensionar el tema. El sector solidarista agremia 411.466 asociados al 31 de diciembre 2025 en Costa Rica; administra volúmenes significativos de ahorro interno, (30% del PIB) canalizados a:
a. ahorro laboral,
b. crédito,
c. vivienda,
d. apoyo social.
Funciona con costo fiscal directo bajo o nulo, ya que:
a. se financia principalmente con aportes privados,
b. no depende de transferencias presupuestarias masivas.
Pese a esto, ningún plan de gobierno cuantifica su impacto económico, ni lo integra como instrumento de desarrollo productivo o financiero. El sector solidarista estará repartiendo $121 millones de excedentes este año 2026 entre los meses de febrero y marzo. Esto para el estado se traduce en impuestos.
¿Qué planes mencionan al solidarismo?
De los 20 planes de gobierno analizados, solo 4 hacen mención explícita a las asociaciones solidaristas:
Partido Liberación Nacional – Álvaro Ramos
Pueblo Soberano – Laura Fernández
Frente Amplio – Ariel Robles
Partido de la Clase Trabajadora – David Hernández
Los otros 16 planes no lo mencionan. Cuadro comparativo: lo que dicen (y lo que no dicen)
El “cómo”: implementación institucional.
Cuando el solidarismo aparece en los planes, el mecanismo de acción es limitado. Se concentra en:
a. reformas legales,
b. supervisión,
c. cumplimiento normativo.
No se desarrollan:
a. políticas de fomento,
b. incentivos productivos,
c. articulación con PYMES,
d. integración con vivienda o pensiones complementarias.
El solidarismo es tratado como un tema laboral-administrativo, no como una herramienta económica.
El “cuándo”: una ausencia total.
Un hallazgo clave, ningún plan de gobierno establece un cronograma para acciones relacionadas con el solidarismo. No existen referencias a:
a. primeros 100 días,
b. primer año de gobierno,
c. metas de mediano plazo,
d. indicadores de avance.
Esto limita seriamente la evaluación de viabilidad real.
El “dinero”: una paradoja no resuelta. Otro punto crítico, ningún plan indica:
a. presupuesto,
b. incentivos fiscales,
c. reasignación de recursos,
d. ni impacto fiscal estimado.
Paradójicamente el solidarismo es una de las políticas de menor costo fiscal potencial y genera impuestos por medio de excedentes (Ley 9635 Ley de Fortalecimiento en las Finanzas Públicas). Podría contribuir a:
a. reducir endeudamiento de hogares,
b. aliviar presión sobre la CCSS,
c. fortalecer el ahorro nacional.
Aun así, no se integra a la estrategia económica ni fiscal del país.
Impacto en el hogar: lo que está en juego. Un enfoque estratégico del solidarismo podría traducirse en:
a. mayor ahorro del trabajador,
b. crédito más accesible,
c. menor dependencia de préstamos informales,
d. mayor estabilidad laboral y financiera.
Nada de esto es desarrollado de forma clara en los planes.
Vacíos críticos del análisis. Ningún plan responde preguntas clave como:
¿Cómo usar el solidarismo para fortalecer el ahorro nacional?
¿Cómo vincularlo con PYMES y empleo?
¿Qué rol puede jugar en vivienda o pensiones?
¿Cómo medir su impacto económico y social?
Conclusión
El solidarismo aparece en los planes de gobierno como discurso, no como estrategia económica.
Pese a ser un modelo probado, de bajo costo fiscal y alto impacto social, no ocupa un lugar central en la agenda electoral. La ausencia de cronogramas, costos, métricas e integración económica revela que el sector sigue siendo subvalorado políticamente, aun cuando es clave para la estabilidad social del país.